La mayoría de países de América Latina y el Caribe (ALC) reconoce que la violación de los derechos humanos (DDHH) y las desigualdades de género constituyen importantes barreras para avanzar en la respuesta nacional al VIH, y que éstas producen daños severos a las personas que viven con VIH o afectadas por él al tiempo que crean un ambiente social y de políticas que reduce sus opciones de vida y desarrollo, acceso a servicios y recursos.
